El fraude que no fue: Entre discurso político y evidencia electoral

Por Diana Yaquelin Chávez Ayquipa

Es evidente que existen narrativas de fraude promovidas principalmente por la organización política Renovación Popular, la cual no logró pasar a la segunda vuelta. Este partido sostiene que hubo un fraude orquestado desde las instituciones electorales. En un inicio, las acusaciones se dirigían hacia la ONPE; sin embargo, actualmente también involucran al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al que califican como cómplice, según declaraciones públicas de Rafael López Aliaga y sus seguidores.

A pocas semanas de la segunda vuelta, los datos oficiales de la ONPE, con un avance superior al 98 %, muestran con claridad que Renovación Popular no alcanzó los votos necesarios para continuar en la contienda. Pese a ello, se insiste en la narrativa del fraude. En este punto, resulta evidente que se trata más de un discurso político sostenido por un líder y su base más radical que de hechos comprobados. La evidencia no respalda dichas afirmaciones.

Uno de los argumentos más recurrentes es la supuesta inconsistencia entre los votos obtenidos por candidatos al Congreso y los de la fórmula presidencial. Sin embargo, esta observación desconoce un principio básico del sistema democrático: el voto cruzado, una práctica legítima mediante la cual el elector puede elegir distintas opciones para diferentes cargos.

Asimismo, se ha difundido el denominado análisis de la “serie 900 mil”, donde supuestamente existiría una falla del sistema. Se sugiere que habría irregularidades en la numeración de mesas y que “podía votar cualquiera”, insinuando la existencia de un padrón ilegal para inyectar votos fantasmas. No obstante, este sistema de codificación fue implementado previamente en el año 2005 para identificar mesas en zonas alejadas. No es cierto que cualquiera pueda votar, ya que en cada mesa hay electores asignados según padrón electoral, y su existencia responde a criterios técnicos, no a manipulación alguna.

Asimismo, no se puede responder con claridad: ¿quién hizo el fraude?, ¿quién lo concibió? Se han lanzado nombres como Gustavo Gorriti, Rosa María Palacios o la llamada “izquierda caviar”, sin sustento. ¿Por qué tendrían que haber hecho fraude? ¿Solo para favorecer a un candidato? Habiendo tantos partidos, el argumento carece de lógica. No existe información seria, y son preguntas que finalmente quedan sin respuestas contundentes, aunque algunos medios las replican.
Por otro lado, hasta la fecha no se ha presentado evidencia concreta que demuestre la existencia de un fraude estructurado: no hay responsables identificados ni un mecanismo probado. Si bien pueden existir irregularidades puntuales, como en cualquier proceso electoral, estas no constituyen prueba de fraude sistemático.

En contraste, poco se menciona que la apertura excepcional de mesas el 13 de abril en Lima, en 13 locales de votación, tras presión mediática y política, pudo haber generado condiciones favorables para determinados sectores. Este hecho no tiene precedentes y fue impulsado en un contexto de alta exposición mediática, donde incluso se difundieron resultados de boca de urna pese a recomendaciones en contrario, lo que pudo influir en el comportamiento electoral de los ciudadanos que votaron ese día.

Sin embargo, los resultados finales desmintieron las expectativas generadas: los votos no favorecieron mayoritariamente a quien sostenía esa narrativa, sino a Nieto Montesinos, candidato del Buen Gobierno, lo que debilita aún más los argumentos de López Aliaga. Según el conteo del sistema de la ONPE, se observa claramente el crecimiento de dicho candidato. Un ejemplo es Pachacámac, donde López Aliaga sostenía que tenía respaldo mayoritario; sin embargo, aparece en cuarto lugar según el conteo al 94 % de la ONPE.

Desde una mirada regional, ya se anticipaba que este candidato no lograría avanzar a la segunda vuelta, ya que sus visitas al interior del país no tuvieron la acogida esperada, especialmente en zonas marcadas por conflictos sociales recientes, donde en el contexto de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte murieron más de 50 ciudadanos, configurando un escenario de alta sensibilidad social y política; en varios de estos espacios fue rechazado por la población, y sus respuestas, percibidas como confrontacionales y despectivas como las expresiones “gente de mierda” o “terroristas” durante una actividad en Andahuaylas profundizaron la distancia con amplios sectores ciudadanos, reforzando percepciones de desconexión y falta de empatía frente a las demandas y memorias locales.

Lo preocupante es que las supuestas “pruebas” de fraude han ido cambiando constantemente, perdiendo solidez con el tiempo. Inicialmente se cuestionó a la ONPE, logrando incluso la instalación de 211 mesas de sufragio en 13 locales de votación, donde votaron aproximadamente 63 300 electores, según informes del JNE. Posteriormente, las críticas se trasladaron al propio JNE. Actualmente, el discurso ha escalado hacia propuestas abiertamente desestabilizadoras, incluyendo llamados a desconocer el orden democrático bajo conceptos ambiguos como “golpe democrático” y promoviendo abiertamente la insurgencia.

Este tipo de discursos no solo carece de sustento, sino que además promueve la polarización, el desconocimiento de las reglas democráticas y, en algunos casos, expresiones de intolerancia, racismo y superioridad. Se construye una narrativa donde se sugiere que el voto de ciertos sectores, principalmente de regiones fuera de Lima, tendría menor legitimidad, lo cual resulta inaceptable.

Frente a ello, es necesario reafirmar un principio fundamental: todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a decidir, sin distinción. El voto de las regiones, de los campesinos y de los ciudadanos históricamente excluidos tiene el mismo valor que cualquier otro. La democracia se sustenta precisamente en esa igualdad.

En definitiva, lo que se observa no es un fraude comprobado, sino una disputa narrativa impulsada por intereses políticos que, al no aceptar los resultados, buscan deslegitimar el proceso electoral. Esto representa un riesgo real para la institucionalidad democrática del país.